Ya no es tema de cuánto va a durar la sequía por el calentamiento global en Chile, sino más bien todos los expertos coinciden que el déficit en lluvias y el aumento de la temperatura llegó para quedarse. La zona centro de nuestro país es la más perjudicada. Justo donde vive la mayor cantidad de habitantes y donde se concentra la agricultura del país.
Gran parte de Chile vive un déficit de lluvias constantes desde el año 2010. En algunas localidades la falta de precipitaciones supera el 70%, más del 80% de las estaciones meteorológicas reportan menos caída de agua y la mitad pasa por una situación de sequía sin precedentes. El año 2019 es el más seco de la historia y en septiembre de 2024 se informó que hemos tenido 15 años de sequía consecutivos.
En paralelo, los termómetros van en aumento. 2024 se transformó en el año más caluroso desde que existen registros y superó los 1.5º previo a la era industrial. Una especie de barrera que recomendaba la ciencia no traspasar, pero que la falta de políticas a nivel mundial no ha podido frenar.
“El problema del cambio climático ha sido fundamental en esta actual sequía. Impacta sobre la disminución de precipitaciones, desde la región de Atacama hasta la región de Los Lagos. 15 años consecutivos con sequía o con déficit de precipitación. La poca agua que cae, se evapora con mayor velocidad por el aumento de temperaturas”, cuenta Claudia Villaroel, jefa de la Oficina de Cambio Climático de la Dirección Meteorológica.
Nuestros lagos, embalses y cultivos se están evaporando.
“Chile estaba acostumbrado a sacar agua de los ríos con cierta facilidad, empieza a disminuir el agua de los ríos, empezamos a volcarnos al agua subterránea. Tú haces un pozo, inicialmente, encuentras a poca profundidad agua, pero lo que estamos viendo es que, con la sequía, los ríos tienen muy poca agua. Ese pozo que tú encontrabas agua a 10 metros, ahora tienes que encontrar a 50, 70, 100 y hasta 1 kilómetro”, relata Óscar Cristi, ex director de la Dirección General de Aguas durante el segundo gobierno de Piñera.
Éste es el único órgano del Estado encargado de velar por el recurso del agua y depende del Ministerio de Obras Públicas. Dentro de sus funciones está, principalmente, la planificación y gestión de ríos y acuíferos; medir la cantidad de agua y su calidad; fiscalizar la extracción ilegal de aguas; y la entrega de derechos de aprovechamiento de aguas y la regulación de estos.
Cuando se habla de calentamiento global o cambio climático, se refiere al aumento sostenido de temperaturas en el planeta provocado por las actividades humanas. Esto ocurre, porque los escapes de los autos, las chimeneas de las industrias, la calefacción a leña y todo tipo de humo y gases tóxicos se han concentrado sobre nosotros, provocando una capa que no deja salir a parte de la energía que viene del sol, la que queda atrapada en esta capa de humo. A mayor cantidad de humo, más grande es la capa y mayor la energía atrapada. A esto se llama el efecto invernadero. Aumenta el calor y bajan las lluvias.
Según el Ministerio de Medio Ambiente, Chile es un país altamente vulnerable al cambio climático y la actual megasequía de 15 años, una de las primeras muestras concretas de esto. El porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero que Chile aporta al mundo es ínfimo. Se estima que apenas un 0,23%, del total. Es decir, mientras las grandes potencias contaminan, nosotros nos quedamos sin agua.
“No vemos que el futuro sea mejor, sino que, al contrario, a futuro las cosas, pareciera, que van a ser peores, por lo menos, en el mediano plazo. Nosotros hemos tenido disminuciones muy significativas en la cantidad de agua. Los escenarios de cambio climático muestran que Chile va a seguir empeorando y va a ser uno de los países que más va a empeorar. Además, muy concentrado en la zona donde hay mayor población y donde se desarrolla la mayor parte de la actividad productiva” asegura el ex director de la DGA.
Daniela Rivera, directora del Centro de Derecho y Gestión de Aguas UC, asegura que se hace necesario cambiar el foco con respecto a cómo se mira la sequía. “Hay que revisar con bastante atención el régimen jurídico hoy día existente en materia de sequía, que es muy pobre y que es muy, muy escueto, y que tiene un enfoque netamente reactivo», asegura.
«La sequía hoy día en Chile, desde el punto de vista jurídico, está contemplada como una situación excepcional, como una emergencia a la que hay que responder. Respuestas rápidas, que no necesariamente atacan el fondo del asunto, sino que tienen por objeto más bien, minimizar los efectos perjudiciales de la situación, pero no hacerse cargo de una situación que es más bien estructural” concluye.
Un aspecto en que coincide la jefa de la Oficina de Cambio Climático de la Dirección Meteorológica, “la sequía es un evento extremo que es acumulativo, es decir, un año seco no se va a recuperar por un año lluvioso. Esto se va acumulando. Si ya llevamos diez años consecutivos de sequía, todos los impactos se van exacerbando. Hay que tomarlo con una perspectiva a futuro, de largo plazo, no en el momento. Nosotros no podemos estar sacando agua de una cuenca a la misma velocidad como lo hacíamos hace dos décadas atrás, donde las lluvias eran mucho más abundantes”.
Actualmente más del 70% del agua se gasta en los más de 300 mil predios agrícolas que existen en Chile. De hecho, para garantizar el consumo de agua humano, en Santiago y Valparaíso, se ha tenido que abastecer a las ciudades desde el río Maipo o el Aconcagua, que son fuentes utilizadas para la agricultura. Esta actividad económica, al igual que todas las otras, requiere de un permiso de aprovechamiento de agua si se quiere utilizar este recurso, ya que es de uso público.
“Uno dice, bueno… ¿cómo yo puedo fiscalizar 300 mil predios? Si tú tomas la cantidad de fiscalizadores que hay en la DGA y lo divides por eso… Claro… la probabilidad de que alguien te vaya a visitar en tu predio es casi un 1%, muy baja”, cuenta el ex director de la Dirección General de Aguas. En toda la Región Metropolitana existen menos de 10 fiscalizadores.
Pese a que el uso productivo del agua tiene regulación establecida en nuestras leyes, lo que aún no está regulado es el derecho al agua potable de las personas para sus necesidades, el que está garantizado sólo por tratados internacionales que Chile ha suscrito.
“Si bien no está reconocido de manera explícita ni en la Constitución vigente en nuestro país, ni tampoco en ninguna de las normativas inferiores, ya sea ley, reglamento u otra, sí existen normativas. Instrumentos ambientales internacionales que han declarado el acceso al agua potable como un Derecho Humano”, explica Daniela Rivera.
En 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución 64/292, reconoció, explícitamente, el Derecho Humano al agua y saneamiento. Señalando este derecho como esencial para la realización de todos los otros. Chile suscribió el acuerdo y, desde entonces, nuestro consumo de agua debe estar garantizado por el Estado.
“No es agua para cualquier fin o propósito el que está protegido por este derecho, sino que es agua para uso personal y doméstico”, detalla Rivera.
La sequía ha obligado a personas a necesitar de tribunales para garantizar el consumo mínimo para su salud. Dos fallos de la Corte Suprema marcan los primeros precedentes en la materia. Ambos tienen que ver con recursos de protección. Uno interpuesto por una comunidad de Nogales en contra de una minera, el otro en Petorca, Cabildo y La Ligua para garantizar un consumo mínimo. En ambos casos, el máximo tribunal se amparó en el derecho internacional ya explicado y ordenó al Estado ser el responsable, de que las personas cuenten con al menos 100 litros diarios de agua para uso personal. Ambos casos son de 2021.
“A fines de 2020, frente a una consulta específica, la Contraloría también se pronunció sobre esto. Dijo, efectivamente son 100 litros diarios por persona, porque entienden que corresponde al mínimo sanitario para la salud de las personas, en el fondo» explica el profesor de Derecho de la Universidad de Chile y ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien hace referencia al oficio 18.087 de la subsecretaría del Interior.
«Entonces el contexto en que nos encontramos, es desafiante por varios sentidos. La corte da un paso en esto, en la lógica de derecho, tiene un sistema institucional donde respaldar su decisión y, lo clave, es que, por segunda vez, ha vuelto a ordenar a la subsecretaría del Interior, que modifique un oficio para garantizar 100 litros”, complementa.
“Es un tema país que nos tenemos que hacer cargo de una manera adecuada y con una visión integrada. Nosotros hemos tratado el agua desde una visión muy estilo estanco, muy separadas, parcial y no integradas. El agua cumple diversas y múltiples funciones. Representa también variados valores, por lo tanto, todas esas dimensiones y visiones, se tienen que considerar a la hora de construir una mejor regulación» añade la profesora Daniela Rivera.
El agua es vida, salud, tiene valores intrínsecos e importantes para el desarrollo de nuestro país de distintas perspectivas, para nuestros ecosistemas, medioambiente, para nuestra cultura. Lo que nos ha costado es ser capaces de integrar todas estas visiones, conectarlas y de generar consenso a partir de esa visión múltiple. Nos ha faltado esa visión más macro, más transversal, que sólo se consigue teniendo en consideración todas las visiones” complementa.
“Hay temas que tienen que ver con la equidad intergeneracional, porque la escasez hídrica también compromete no sólo la sociedad actual, sino que también las generaciones futuras. Y eso es clave, porque ahí hay una discusión estructural, de si la Constitución garantiza no sólo la equidad actual, sino que también la equidad intergeneracional y esa discusión que es sustantiva, que es importante, permite ordenar el resto de los debates. Son tiempos para pensar en la vida de tu hijo, nieto y los que vienen. Ésa es la perspectiva, no es el hoy” concluye Luis Cordero.
