Durante más de 5 años, países de Latinoamérica y el Caribe negociaron un tratado inédito cuyo fin es contribuir a mejorar los estándares en el cuidado del medioambiente. De ahí nació el Tratado de Escazú, el que fortalece la democracia ambiental de las naciones de esta región.

Una región rica en recursos naturales.

El 60% de la vida terrestre sobre la tierra está en Latinoamérica y el Caribe, según Naciones Unidas. Actualmente contamos con el 40% de los recursos naturales que más requieren las sociedades del mundo para existir.

Sin embargo, durante las últimas décadas, nuestros ecosistemas, al igual que los de la mayoría del mundo, se están degradando. Se calcula que hemos perdido un 9,8% de nuestros bosques desde 1990, siendo la región a nivel mundial más afectada por este fenómeno.

Actualmente, somos responsables del 17% de gases de efecto invernadero que contaminan el planeta y nuestra disponibilidad de agua por habitante ha disminuido en un 50% desde 1960. La población de animales está bajando y las especies invasoras aumentando…

Tratado de Escazú: Una oportunidad inédita

Éstas son algunas de las razones que llevaron a los países de la región a sentarse, por primera vez, y planificar un acuerdo que apunte a proteger el medioambiente. Todo ocurrió en 2012, en una cumbre mundial por el desarrollo sostenible en Río de Janeiro.

El acuerdo fue impulsado principalmente por Chile y la abogada de la Universidad Católica, Constance Nalegach, asumió la labor de representar al país en las negociaciones. “Es el único tratado ambiental que tiene Latinoamérica y el Caribe. La región no se había puesto de acuerdo nunca para tener un tratado. No se había logrado esto”.

“Nosotros sabemos que estamos ya con impactos del cambio climático, en una región que es muy vulnerable. Tenemos una crisis hídrica, una pérdida de la biodiversidad tremenda y, además, sabemos que no es que uno separe lo ambiental, lo económico o lo social, está todo interrelacionado” continúa.

“Luego de una propuesta que hace Chile en 2012, los países decidimos ver cómo estaba nuestra situación con respecto a democracia ambiental” relata la actual jefa de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio del Medio Ambiente.

Posteriormente, se abordaron ciertos conceptos. “Qué es la democracia ambiental, el acceso a la información ambiental, a la participación ciudadana en materias ambientales y el acceso a la justicia en este tema”.

“Estuvimos revisando las mejores prácticas, las legislaciones, las declaraciones, las brechas que había con respecto a esto, para luego negociar, propiamente tal, un acuerdo y eso se logró finalmente el año 2018, así que fue un trabajo intenso, pero además muy novedoso, porque fue abierto y transparente”. La adopción del tratado fue en la cuidad de Escazú, en Costa Rica.

Tratado de Escazú: Una negociación abierta

En 5 años, 7 meses y 7 días, los distintos países de Latinoamérica y El Caribe trabajaron para lograr el tratado de Escazú. “Cuando nosotros negociamos como Chile el año 2012, nosotros reconocíamos que todos los países teníamos progresos, pero que todos los países también teníamos falencias” asegura Constance Nalegach, quien cumplió un rol importante en el acuerdo.

Un aspecto llamativo es que el debate se abrió a todos los actores, lo que se tradujo en la creación de figuras inéditas, como una que entrega protección a personas que defienden los derechos humanos ambientales.

“Esta negociación fue tan abierta, que tuvo un efecto en la deliberación. Y en esta lógica de diálogo, los propios defensores de los derechos humanos ambientales propusieron esta norma. Nosotros recogimos esta inquietud de las personas que estaban día a día luchando por defender su medio ambiente” explica la jurista.

3 de cada 4 homicidios a ambientalistas en el mundo, ocurren en Latinoamérica y el Caribe. Se estima que cada dos días hay 1 asesinato en la región. “El acuerdo de Escazú es el único del mundo que tiene garantías para proteger a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, en la región más peligrosa del planeta” complementa la abogada.

Tratado de Escazú: Información de proyectos

Un primer gran pilar del tratado de Escazú es el acceso a la información por parte de las personas y comunidades, con respecto, por ejemplo, a los proyectos que se desarrollan en sus localidades.

“Yo siendo de profesión abogada y llevando 20 años en temas medioambientales no comprendo un Estudio de Impacto Ambiental, entonces las personas tienen derecho a entender” reflexiona la abogada Nalegach, quien integró además una red de 100 expertos a nivel mundial, convocados por el Comité Internacional de Juristas, para elaborar el primer pacto global sobre medio ambiente.

Para Constance Nalegach este pilar del tratado traerá una serie de beneficios. “Vamos a tener más y mejor información, una participación inclusiva, una mayor gobernanza, transparencia, control de la corrupción”.

Tratado de Escazú: Participación ciudadana

Otro gran eje que tiene este acuerdo es una participación ciudadana real en la toma de decisiones, con respecto a materias ambientales.

“Buscar a las personas que están en una situación de vulnerabilidad para capacitarlas y que puedan participar. Porque, evidentemente, tú no puedes comparar a una persona que no tiene conocimiento técnico y que está en un área de influencia, con una empresa que, legítimamente, puede tener varios asesores” explica la abogada.

“Acá se releva mucho que la participación tiene que ser en las etapas iniciales (de los proyectos o temas ambientales de interés público como normas de calidad), para que sea incidente en la toma de decisiones. Hay una invitación a que exista una conversación que, evidentemente, respete la autonomía de todos los actores y que uno pueda estar conversando, desde un primer momento, cuáles son los proyectos o instrumentos”.

“Se dice que la participación debe adecuarse a las características sociales, culturales, económicas, geográficas y de género. No es lo mismo que tú hagas una participación pública en Arica, en la costa, en la Cordillera, en la población rural, en las ciudades. Tener ciertos protocolos sobre la participación de las mujeres” complementa.

“El Estado tiene que ser proactivo en buscar a las personas o grupos en situación de vulnerabilidad para tratar de nivelar la cancha, para poder participar. Y también el Estado o el sector privado, sabrá desde un primer momento cuáles son los intereses, las preocupaciones de la comunidad y así exista un proceso más efectivo” asegura Constance Nalegach.

Tratado de Escazú: Acceso a la justicia

El tercer pilar se concentra en un acceso efectivo a los tribunales administrativos o judiciales. “Vamos a tener un mejor acceso a la justicia, porque de nada sirve que te digan tú tienes este derecho, pero si éste no es garantizado, respetado, no es promovido… Tú te quedas en tu casa y no puedes hacer nada… eso no es un derecho. Los derechos tienen que tener dientes y herramientas para realmente hacerlos valer cuando son vulnerados.

“Que las personas puedan acceder a un tribunal con especialidad ambiental. Nosotros tenemos tribunales ambientales, lo que es un orgullo para Chile, pero el costo del litigio ambiental es tremendo y las personas no pueden costearlo, entonces, en ese tipo de cosas el Estado va a tener que mejorar” asegura Constance Nalegach.

El rol del Estado

De los 33 países de Latinoamérica y el Caribe, 24 países firmaron el tratado y 12 ya lo han aprobado como ley. Actualmente, en Chile fue ratificado por el Presidente Gabriel Boric, en marzo de 2022. El 11 de mayo fue aprobado por una amplia mayoría en la Cámara de Diputados y ahora el Senado será el encargado de aprobarlo, para que sea parte de nuestro orden jurídico.

“Acá queremos un Estado que tenga un rol más proactivo en la democracia ambiental. Eso requiere revisar cómo estamos funcionando, invertir en democracia ambiental y, por otra parte, saber que eso tiene que ser de la mano con distintos actores y no solamente nosotros como Estado, porque no va a ser posible, por las transformaciones que se requieren” asegura la jurista Nalegach.

“Puede parecer paradójico, pero así como el Estado va a tener que ser más proactivo, al mismo tiempo, el Estado va a tener que reconocer que lo público no es monopolio del Estado. La toma de decisiones tiene que ser más compartida, la información también tiene que ser más compartida” añade.

Una mejora en los estándares

El mundo ha mirado con suma atención el Tratado de Escazú. “La OCDE dijo que Escazú era un acuerdo de vanguardia que recogía las mejores prácticas de los países que la conforman” asegura Constance Nalegach, en relación a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, una importante institución de apoyo al desarrollo sostenible de los países.

“La gracia que tiene Escazú, por una parte, es que es fuerte en decir que estos son derechos y estándares. Es decir, Escazú te da estándares, pero no te da un camino único. Lo que tiene que hacer Chile es revisar cómo nosotros podemos mejorar los estándares actualmente, en nuestro marco legal”.

“Es bien rico el tratado en el sentido de que tú siempre vas a poder seguir progresando, porque tiene que ver con estos estándares superiores y, precisamente, uno de los principios es la progresividad y la no regresión”.

“Cada estándar que nosotros vayamos dando para tener una mayor garantía frente a estos derechos humanos, no va a poder retroceder y siempre vamos a estar aprendiendo, porque el tema socio ambiental tiene esa complejidad”.

Para la abogada esto también marcará las pautas a futuro de la actividad económica. “Evidentemente a todo el empresariado que quiere tener una conducta socialmente responsable y que quiere exportar, por ejemplo, para Europa, obviamente va a empezar a cumplir con los estándares de Escazú”.