Hay que partir por contextualizar, de manera muy sintetizada, un poco cómo fue evolucionando las sociedades hasta llegar a estar regidas por una Constitución. Uno ve en los inicios, la antigüedad, los grupos de humanos se asociaban en base a dioses en común, no en naciones regidas por una Constitución como ahora. Los que gobernaban se decía que descendían de estas deidades y no contaban con un límite establecido con respecto al poder que tienen. Estamos hablando de 3 mil años antes del nacimiento de Cristo, un ejemplo, los egipcios.
De ahí en adelante pasó largo tiempo donde no hubo grandes avances hacia que existan constituciones. Como para destacar está lo que ocurre en Grecia entre los 400 y 300 A.C. donde tipos como Aristóteles y Platón, conocidos filósofos que uno conoce en etapa escolar, se dedican a estudiar los funcionamientos de las ciudades, llamadas polis, lo que más adelante dará origen a la política como ciencia, posteriormente.
Hay que ir recién al año 1215 de la era moderna, para ver un primer registro de límites explícitos a un rey que se asemejan a una Constitución. Imagínese, tan sólo 806 años desde los 5 mil donde partió este sintetizado relato. Ocurrió en Inglaterra con la llamada Carta Magna, la que rompió con el esquema hasta ahora de un rey con poder absoluto y sin reglas establecidas.
De ahí en adelante, vendrá un período entre fines de 1400 y 1700 donde intelectuales europeos van postulando distintas ideas con respecto a las formas de gobierno. Nace así conceptos como Estado que conocemos hoy, la soberanía que radica en el pueblo y no en el rey como se creía y la opción de separar el poder en instituciones.
De a poco empezó a ganar cada vez más terreno la idea de que las personas de manera simbólica pactaran a través de un texto un Estado que permita a la gente ejercer su voluntad mediante un aparato estatal.
De manera simbólica, los ciudadanos pactan autogobernarse a través de textos que limitan el poder y entregan bases para el desarrollo de las personas que integran las diferentes naciones.
Un paso más en la consolidación ocurrió en 1689, cuando el Reino Unido estableció una declaración de derechos de los ciudadanos, asegurando garantías que deberá entregar el Estado a sus ciudadanos.
Finalmente, dos grandes acontecimientos históricos de hace 3 siglos, la independencia de Estados Unidos, en 1776, y luego la revolución francesa, en 1789, empiezan a hacer realidad que las constituciones sean vistas como un modo viable de gobierno.
De ahí en adelante, se producen grandes movimientos sociales, en diferentes partes del mundo, como la independencia de Latinoamérica para nosotros, que permiten el surgimiento de las naciones libres, como las conocemos actualmente.
En el último tiempo, luego de la segunda guerra mundial, los avances tecnológicos y globalización han permitido la consolidación de instituciones como las Naciones Unidas, donde varios países trabajan en conjunto en herramientas del derecho internacional que permitan un mejor desarrollo de las sociedades. Todo eso nos lleva, en definitiva, a que hoy el mundo se distribuye en países libres, principalmente, donde una parte importante determina su ordenamiento a través de una Constitución.
Este libro, también denominado carta magna, se refiere y regula dos grandes aspectos. Uno es cómo se organiza el Estado y el poder. Esto supone cuál es el régimen que tiene, pudiendo ser presidencial, parlamentario o semipresidencial, por ejemplo.
Define cuántas cámaras tendrá el congreso, si una o dos como ha sido gran parte de la historia de Chile, el rol de los tribunales de justicia y otras instituciones como Contraloría o el Tribunal Constitucional. Además, la planificación territorial que hoy es a través de regiones y también cómo serán estos gobiernos y las facultades que tienen.
El segundo aspecto tiene que ver con una de las grandes finalidades desde el origen y propósito básico de una Constitución, que es reconocer y asegurar derechos fundamentales de las personas. Derechos y deberes que tenemos como ciudadanos. Esto incluye las libertades públicas como las garantías sociales, económicas y culturales. Acá es donde aparecen temas como salud, educación o medioambiente.
Esos son los dos grandes aspectos que regula una Constitución. Cómo se organiza el Estado desde el punto de vista interno, cuáles son los poderes, las instituciones que van a formar parte de ese país y, en segundo lugar, cómo se asegura esos derechos, que son reclamables ante los tribunales de justicia, como consecuencia de abuso o excesos que haya podido cometer, ya sea la autoridad administrativa o un particular.
Esto en la actualidad se hace a través de un recurso de protección, que se presenta ante la Corte de Apelaciones respectiva y cuyo fin, tal como lo dice su nombre, es proteger las garantías que nos entrega la carta magna.
Hay que entender la Constitución como un marco para el desarrollo de Chile, una hoja de ruta, que contenga mínimos comunes, que vayan conduciendo las acciones del Estado y sus distintos poderes.
Las constituciones son la norma de más alta jerarquía, en conjunto con los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes. Ambos se encuentran en el llamado bloque de constitucionalidad, que establece los grandes principios, las grandes instituciones y las principales reglas del juego de cada nación.
En ese sentido, cada tratado ratificado y vigente, dada la jerarquía que tendrá en el orden jurídico del país, pasa por un proceso que parte de que Chile, como Estado, esté de acuerdo con el texto final del tratado, siendo firmado por el Presidente de la República. Esto da inicio a una segunda etapa, donde el ejecutivo debe enviar el texto como proyecto de ley al Congreso, donde ambas cámaras de forma separada deben estar de acuerdo con el tratado y aprobarlo, de lo contrario, no queda vigente.
A esta garantía política local, se suma que estos tratados, en su amplia mayoría, son consensos mundiales, que toman experiencia comparada y generan lineamientos de qué aspectos mejorar, con el fin de tener un Estado de bienestar para las sociedades, que permita su desarrollo. Un gran ejemplo son los Objetivos de Desarrollo Sostenible o Agenda 2030.
Ambos dos, Constitución y tratados internacionales, son las guías desde donde nace el ordenamiento jurídico del país, debiendo respetar estas normas todas las leyes dictadas por el Congreso, los decretos dictados por un gobierno o los fallos de los tribunales de justicia.